martes, 30 de octubre de 2012

A vuela pluma: Ley 7/2012, de medidas contra el fraude fiscal


Hoy nos despertamos con novedades publicadas en el BOE. Quizás una de las más importantes es la aprobación de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. En resumen, un paquete legal dirigido a evitar el fraude.

Con la intención de realizar un brevísimo esbozo de la norma, voy a indicar algunos de los más importantes aspectos en que incide, comenzando por mencionar que su exposición de motivos justifica su necesidad en la existencia de las bolsas de fraude que se dan en los momentos de crisis y austeridad actuales.

  • Se incluye la adopción de medidas cautelares y la posibilidad de investigación patrimonial en la persecución de delitos contra la Hacienda Pública.
  • Se amplia la responsabilidad de los socios de personas jurídicas disueltas o liquidadas, tanto en la sucesión de la deuda como en las sanciones. Dicha responsabilidad se amplía a aquellas percepciones recibidas en los dos años anteriores a la fecha de disolución que minoren el patrimonio social.
  • Se modifica el sistema de sucesión de entidades con personalidad jurídica.
  • Se trata de clarificar la normativa sobre responsabilidad tributaria.
  • Se elimina la posibilidad de solicitar aplazamientos o fraccionamientos en casos de concurso y se modifica la norma sobre reinicio de los plazos de prescripción en dichos supuestos.
  • Se modifica el régimen del embargo de bienes y se limita el uso de los bienes embargados.
  • Se modifica el régimen sancionador tributario.
  • Se modifican las reglas de estimación directa de rendimientos de determinadas actividades económicas en el IRPF a partir de 2013.
  • Se modifica el importe de la garantía a presentar en caso de recurso contra los actos tributarios impugnados.
  • Se modifica la normativa del IVA.
  • Se establece la limitación del pago en efectivo entre empresarios o profesionales en 2.500 euros, salvo que el pagador actúe como persona física sin domicilio fiscal en España. Estos límites no se aplicarán a los pagos en entidades de crédito.
  • Se realizan modificaciones en el régimen fiscal de Canarias.
  • Se modifican algunos aspectos de la normativa del mercado de valores.

   Por último, mencionar que la Ley 7/2012 entra en vigor el 31 de octubre de 2012, salvo para el régimen de pagos en efectivo (20 de noviembre de 2012) y la modificación de las normas de estimación directa en el IRPF (1 de enero de 2013).

Accede a la norma

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