sábado, 3 de noviembre de 2012

Logrando una administración ineficiente


La Administración pública española no ha gozado históricamente de muy buena reputación debido en parte a las prácticas de algunos de sus miembros y a una serie de defectos en su funcionamiento y organización que se han llegado a convertir en el imaginario popular, por efecto de la literatura y de la humana costumbre de destacar lo malo sobre lo bueno, en regla general.

El concepto burocracia, entendido en su acepción despectiva (y que abunda en el Diccionario de la Real Academia) se ha superado en la Administración de nuestros días, pasando a buscarse la Administración inteligente, proactiva, eficaz y efectiva, de calidad y con un objetivo claro de servicio al ciudadano. Atrás quedan en la práctica y en la mayoría de los casos aquellos días en que el ciudadano era un mero administrado sometido a las potestades exorbitantes de la maquinaria burocrática.

Desde hace años se busca por medio de la importación desde el sector privado de técnicas de gestión de recursos humanos, evaluación del desempeño o gestión de calidad lograr una Administración y una función pública mejor, eficaz y eficiente, como se dijo. Y precisamente los funcionarios son quienes se encuentran al frente de este intenso cambio pues son el motor, los brazos y músculos de la Administración.

La aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público en 2007 reforzó ese cambio, dotando a nuestras Administraciones de mejores recursos para dirigirse hacia esas metas.
Uno de los objetivos de la norma era, precisamente, mejorar la gestión del personal, de los recursos humanos, a través de una mejor planificación, formación continua, etc., pero sobre todo con la intención de crear una cultura administrativa, en la que los empleados, como en cualquier empresa privada, se sientan parte de la organización, donde se encuentren motivados y se sometan a una continua evaluación del desempeño con la intención de conseguir una mejora constante y una retroalimentación que ayude tanto a las personas como a la Entidad a mejorar día tras día.

Pero esto, a todas luces positivo para el conjunto de la sociedad, se ha trastocado a consecuencia de la crisis y de algunas medidas adoptadas últimamente. Casi nadie repara en que ya en los años noventa se congeló dos veces el sueldo a los funcionarios y que viene siendo casi habitual que cada año desde los ochenta la subida de sus retribuciones sea inferior al IPC. Si a ello le sumamos la bajada de sueldo y la congelación de estos últimos años el poder adquisitivo de los empleados públicos ha descendido realmente y por regla general alrededor del 45% en los últimos 30 años.

Comprendo que un gasto importante en las cuentas de las Administraciones públicas sea el capítulo de personal, pero resulta sangrante que se adopten toda una batería de medidas específicas contra los empleados públicos y no se tenga en cuenta la raíz del problema de dicho gasto: los políticos, sobre todo a nivel autonómico y local. Se ha dicho y quiero insistir en ello, que muchos de esos empleados son eventuales y contratados por cuestiones meramente políticas. Por mucho que se adopten medidas para evitar aumentar el sector público, los malos gestores que aún gobiernan muchas Administraciones, seguirán contratando a los allegados y acólitos a través de las fórmulas más diversas.

Mientras la Administración pública no esté dirigida por verdaderos gobernantes/gerentes, honrados y que sepan lo que es gestionar para los ciudadanos, no se resolverá el problema. Son ellos los que toman las decisiones y deben llevar a sus Administraciones a ser excelentes, pero la incompetencia y las luchas de poder siguen lastrando el sector público y de este modo no se logrará nunca lo pretendido.

No se sostienen los argumentos dados para justificar las medidas anti-crisis que afectan a los empleados públicos. Me refiero en concreto a la eliminación de la paga de Navidad y la reducción de los días de asuntos propios (moscosos). Se argumentó que las medidas pretendían equiparar a los funcionarios con el sector privado, teniendo en cuenta los millones de parados existentes.
Se parte de la idea errónea de que la estabilidad en el empleo público es un privilegio del funcionario y que sólo ese elemento ya supone la panacea en un trabajo. Bien es cierto que hoy en día tener un puesto fijo es una gran ventaja con los tiempos que corren, pero cualquiera que entienda de gestión de recursos humanos sabe que hay muchos más elementos que influyen para que nos sintamos felices, productivos y mejores en nuestro trabajo y evitar el síndrome del quemado, como sufren cada vez más servidores públicos.
La estabilidad en el empleo se debe precisamente a la necesidad de asegurar que la Administración funcione sin estar sometida a los cambios de color político y para asegurar la independencia de los funcionarios. Justo al contrario de lo que tradicionalmente vemos en el caso de EE.UU (spoil system) donde cada vez que cambia el partido en el poder miles de funcionarios se van a la calle para que entren otros miles, paralizándose durante meses parte del funcionamiento del sector público.

Pues bien, no se entiende que se pretenda mejorar la eficacia y la eficiencia de la Administración, teniendo a unos empleados motivados y productivos, si a la vez se les vuelve a reducir el sueldo, y ahora también los días de libre disposición (se quedan en 3, mientras que por ejemplo  el sector aeropuertos tiene 7, banca  4 o ferrocarriles 5, o los jueces, que mantienen 12 de los 18 que tenían) intentando hacer ver que tales medidas sólo se pueden llevar a cabo respecto al sector público por estar reguladas por un Estatuto (una ley al fin y al cabo). Las empresas también están en crisis y tenemos un gran problema de competitividad, ¿Qué impediría modificar la legislación laboral (también basada en un Estatuto), eliminar la paga de Navidad y dejar si efectos los convenios colectivos en tal sentido, como se ha hecho con el sector público?¿quizás el poder de los sindicatos a los que pagamos entre todos? El público es el único sector desde ahora con una sola paga extra. ¿Igualdad, dónde?.

El recorte general también es negativo porque no tiene en cuenta ni la situación particular de cada Administración ni supone que el ahorro pretendidamente conseguido se vaya a utilizar para reducir el déficit de cada una de ellas. Qué impide que sigan derrochando en embajadas, subvenciones o gastos superfluos.

Si queremos una Administración pública moderna, más barata y que resuelva de manera eficaz y eficiente las demandas de los ciudadanos, las reformas deben partir de una remodelación más profunda de sus estructuras, funcionamiento y quizás de que se exija mayor compromiso de nuestros políticos con aquello que se supone representan; y me atrevería a incluir que la exigencia de mayor formación previa. El derecho fundamental de participación en los asuntos públicos (sufragio pasivo) no puede estar por encima de la exigencia de los conocimientos, titulación e incluso experiencia para ocupar tanta responsabilidad, como se hace con los empleados públicos y que nadie pone en cuestión. Por qué a estos se les exige un duro proceso selectivo para desempeñar funciones públicas y a nuestros gobernantes, para gestionar dinero, bienes y servicios, educación, seguridad, sanidad, etc., no se le pida absolutamente nada.

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