miércoles, 20 de marzo de 2013

Ineficiencia en el control de las ayudas públicas, picaresca y desincentivación del talento


El motivo de esta entrada, más relacionada con el control y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos que estrictamente con los recursos humanos, es realizar una crítica al, a mi juicio, descontrol existente en los criterios de concesión de ayudas públicas de cualquier tipo, desde los famosos "viajes" del IMSERSO hasta plazas en centros educativos, subvenciones económicas, así como exenciones fiscales, etc.

El increíble caso de las vacaciones y el termalismo del IMSERSO.-

Por ejemplo, y puesto que el hecho de escribir esto ha sido precisamente el tema de las vacaciones del citado Instituto, en 2013 se destinarán casi 70 millones de euros a esos servicios, cantidad que, a pesar de haberse reducido en relación al año pasado, sigue siendo muy importante.

La razón de ser de estos beneficios para nuestros mayores es doble: "facilitar la incorporación de este colectivo a las corrientes turísticas, al tiempo que paliar las consecuencias que en materia de empleo produce el fenómeno de la estacionalidad en el sector turístico del país", según aparece en la propia web oficial del Instituto. Al segundo motivo me referiré a continuación. En cuanto al primero no entiendo muy bien la necesidad de que el Estado pague a parte de sus ciudadanos unas vacaciones. No vivimos en Jauja. Por qué a los mayores sí y a los parados de larga duración y sin prestación no, por ejemplo.

Pero detrás de esta bienintencionada finalidad no podemos olvidar que son muchísimos los posibles beneficiarios y es obvio que se establezcan controles y criterios para acceder a estas plazas. Si bien no aparecen como uno de los principales requisitos (mínimo de 65 años, pensionista…) se valoran los recursos económicos de que se disponga. Y es aquí, una vez más, donde el sistema hace aguas.

Conozco o me han comentado el caso de personas que tienen una buena pensión o aún siendo normalita disponen de otros importantes ingresos como subvenciones de la PAC o de otro tipo, que pueden permitirse unas vacaciones por su cuenta y aun así solicitan y consiguen ir casi por la gorra con dinero público porque no justifican todos esos ingresos y tampoco se comprueba lo suficiente por parte de la Administración. Y sobre todo se van si es el primer viaje, donde se relajan los requisitos económicos. ¿Es culpa de aquellos pedir las plazas? ¿es de la Administración por concederlas sin control?
A la primera cuestión respondería que en parte sí y en parte no. Por un lado, la picaresca enseña a conocer la forma de no presentar todos los ingresos, cuando ello es posible. Por otro, muchos pensarán que si al vecino se lo conceden por qué a él no.

En cuanto a la segunda cuestión, como decía, la Administración no vigila lo suficiente ni, en la era de las TIC, cruza datos para comprobar con un clic los ingresos reales.

Pero otro problema nuclear se sitúa en el hecho de que consideramos a la Administración Pública como un ente facilitador de empleo. La idea de mantener la ocupación hotelera en temporada baja está muy bien, pero por qué con dinero público y de esa forma. Bien es cierto que el sector turístico es muy importante para nuestra nación pero no cabe duda que existen otros muchos sectores que ocupan a muchos empleados y no tienen tales ayudas públicas.
Esas ayudas aseguran unos ingresos que por otra parte tienen como contrapunto la desincentivación del propio esfuerzo por buscar nuevas vías de ingresos. Cualquier empresa debe adaptarse a los cambios del mercado, a las dificultades, y ha de hacerlo en la mayoría de los casos sola.

La idea de ayudar al sector hotelero no está mal, éste es muy importante para nuestra economía, pero ya que se hace mediante la inyección de dinero llevando a los mayores de vacaciones, que se controle más para hacerlo más justo y eficiente.
Resulta discriminatorio que quien puede permitírselo vaya casi gratis, impidiendo que personas que no tienen la oportunidad de sufragarse unas vacaciones o unos días de termalismo se vean privadas de ello por estar las plazas cubiertas con aquellos que se aprovechan o simplemente lo utilizan por una negligencia de la Administración in-vigilando.

El “talento” español para aprovecharse de los recursos públicos.-

Como también viene ocurriendo desde hace muchos años en España, tenemos dos grandes defectos, buscamos la subvención y la ayuda pública para cualquier cosa; tenemos un gran talento para aprovechar, siempre que podemos, algún beneficio público, pareciendo que no lo tenemos para hacer las cosas por nosotros mismos y con nuestros medios, como hacen en otros muchos países de nuestro en torno. La actividad administrativa de fomento, de estímulo, no es mala en sí misma, lo malo es el abuso, aprovecharse de cualquier resquicio o fallo de la norma (que los hay) y, lo que es peor, hacer trampas para lograr obtener ese apoyo. Desde ayudas económicas hasta plazas en el colegio de nuestros hijos, pasando por exenciones tributarias, etc.

Falta un verdadero control administrativo ante y post-concesión de beneficios.-

El otro gran fallo de nuestro sistema administrativo y por donde se van miles de millones de euros en ayudas concedidas o en tributos y otros ingresos dejados de ingresar es la absoluta falta de medidas de control del cumplimiento de los requisitos para beneficiarse de aquellos y, posteriormente, de más controles sobre el mantenimiento de los requisitos para seguir disfrutando de los mismos.
Un caso que me resulta profesionalmente muy cercano es la exención por minusvalía en el impuesto municipal sobre vehículos. Hace años se exigía que el vehículo estuviese adaptado para personas con movilidad reducida. Actualmente no se exige la adaptación, y cualquiera que tenga un grado de minusvalía del 33% puede acceder al citado beneficio. Son dos los problemas en este caso. Uno es que no hay ninguna relación entre la minusvalía y la necesidad de utilizar el vehículo,  y así, desde el que no tiene piernas hasta el que le falta un dedo podría acceder a la ayuda.

El otro problema es la dificultad de control pues la Ley de Haciendas Locales permite pedirlo tanto si se va a conducir por el  propio minusválido como si no, y siempre que sea para su uso exclusivo. No puede haber un policía detrás de cada beneficiario para ver si el que tiene concedida la exención utiliza el vehículo para ser transportado por otro o si también lo aprovechan los familiares.
Aquí, como en tanto otros casos, falla el legislador al regular este beneficio fiscal, que incluso impide en la práctica realizar los necesarios controles.

 Conclusión.-

En definitiva, sirva esto para hacer ver la necesidad de resolver tres grandes problemas de que adolecemos en España:

 - La Administración Pública tiende a subvencionar demasiado y a demasiados, anulando la iniciativa privada y el esfuerzo personal.

- Esa misma Administración no controla bien la concesión y el cumplimento de los requisitos para ser beneficiario de dichas ventajas públicas, de lo que resulta el siguiente punto y la ineficiencia en el gasto público y en los resultados esperados.
- Los ciudadanos nos hemos acostumbrado a esos defectos y, por mor de nuestro sentido pícaro, nos aprovechamos injustamente en nuestro provecho.

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