martes, 21 de mayo de 2013

Otra vuelta de tuerca al sueldo de los funcionarios

    Según informa el "Faro de Vigo" el Gobierno está estudiando reducir un poco más el sueldo de los empleados públicos, esta vez los locales, a través de la limitación del complemento específico. La medida, en estudio previo por el Departamento de Cristóbal Montoro, se conecta con el proyecto de reforma del régimen local y el objetivo del reducción del sobrecoste de nuestros municipios.

    Junto a los 7.130 millones de euros que se quiere ahorrar hasta 2015 ajustando los servicios que prestan las entidades locales, la idea es ahorrar otros 870 millones de euros reduciendo sueldos del personal a su servicio.

    Con ello me surgen dos preguntas: cómo se puede pretender mejorar los servicios públicos a base de reducir el sueldo del motor de la Administración, de su fuerza motriz. Si una máquina está mal engrasada o tiene un mal mantenimiento porque se quiere ahorrar, no funcionará bien. Lo mismo ocurre con los empleados públicos; no somos máquinas sino personas, y precisamente por eso se nos tiene que tratar mejor que a una máquina. Nuestra grasa y mantenimiento se logran mediante el sueldo, con un ambiente laboral adecuado, manteniéndonos motivados y dejándonos hacer nuestro trabajo. Pero parece que desde las altas esferas esto no se entiende; hace tiempo que se inició una "caza de brujas" contra los funcionarios cuando una gran parte de la culpa de la ineficiencia y sobre todo del derroche de la Administración pasa por los políticos, que son quienes tienen que saber gestionar y dar ejemplo.
    
    Si se empeoran las condiciones de trabajo de un trabajador (y el sueldo es un elemento esencial, si bien no el único en el conjunto de condiciones laborales) se sentirá menospreciado, se desmotivará, se creará un mal clima laboral y, en definitiva rendirá menos, con lo que la pretendida eficiencia disminuirá, justo lo contrario de lo que se pretende con la mencionada medida.

    La otra cuestión que se me plantea es que quizás la idea sea limitar los abusos que se producen en algunos de nuestros municipios a través del incremento del complemento específico de determinados funcionarios. La idea puede ser buena para evitar iniquidades en el establecimiento del complemento, pero no puede conectarse con la mejora de la eficiencia sino, en su caso, con el ahorro de costes de las entidades locales, y tomando las oportunas cautelas. Se puede caer en el error de establecer reglas generales en esa restricción (lo más probable) a través de una limitación global del porcentaje del complemento dentro de la masa salarial, con lo que no se resolvería el problema pues si se quiere seguir premiando a determinados puestos (empleados) no hay más que ajustar los puntos de los diferentes factores que llevan al establecimiento del importe de aquel.

    Pero lo que lleva no sólo al despilfarro de la masa salarial sino a un importante agravio comparativo e injusticia saltándose la ley a la torera, es el complemento de productividad. A pesar de que la ley recalca una y otra vez que no puede ser periódico en el tiempo ni fijo en la cuantía, y deja claro su objetivo, muchas administraciones lo utilizan para "premiar" a los allegados o mantener en puestos con habilitación estatal a funcionarios propios, con ese carácter fijo y periódico, sin que se exija mayor rendimiento, productividad, etc. El abuso se encuentra en este caso realmente en que se da un específico pequeño para que nadie concurse a esas plazas pero se mantiene una productividad ilegal, injusta y desproporcionada. Eso es lo que hay que controlar (entre otros muchos abusos) no bastando con establecer límites dentro de la masa salarial, pues está comprobado que no dan resultados. Se necesitan otro tipo de controles, no sólo legales, pues está comprobado que se saltan con demasiada facilidad, sino verdaderas inspecciones por parte de las CC.AA y el Estado. Se critica la posible tutela que ello puede suponer, pero visto lo visto y que muchos alcaldes y concejales violan o abusan de la ley como quieren y sin consecuencias, se hace necesario ese tipo de control.

    Pero lo más sangrante es que se piense en reducir sueldos mientras se habla de cambiar el anteproyecto de reforma local para permitir que los alcaldes de municipios de menos de 1.000 habitantes cobren un sueldo cuando antes no venía previsto. Si esto es así volvemos a lo de siempre, el problema del gasto público y de la eficiencia no es que los funcionarios ganemos mucho (que no lo ganamos) sino de redistribución adecuada de los recursos y de que los políticos sean profesionales, sepan gestionar con criterios de eficacia y eficiencia y no piensen sólo en ganar y mantener cuotas de poder sino que velen por el interés general, que para eso les votamos y pagamos todos.

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