lunes, 7 de noviembre de 2016

¿Tenemos derecho a ser felices los empleados públicos?

    Según la última encuesta Gallup la infelicidad en el trabajo nos cuesta 70.000 millones de euros al año, la mitad de los trabajadores no es feliz en su puesto de trabajo y solo alcanza tal consideración un 30% de ellos.
    No cabe duda que sentirse feliz en el trabajo, siendo una actividad que ocupa gran parte de nuestras vidas, se ha convertido en algo esencial a la hora de plantear planes estratégicos de recursos humanos y se está teniendo muy en cuenta en la empresa privada. Según el reportaje "Hacer feliz al trabajador, la competencia de los directivos del siglo XXI", publicada en el suplemento "Tu economía" del diario La Razón del domingo, 5 de noviembre de 2016, los trabajadores cada vez valoran más las "políticas de felicidad" de sus empresas, cuestión en la que deben involucrarse los directivos, pues lograr trabajadores felices aumenta la productividad un 20%, mientras que la infelicidad la reduce en esa misma proporción.
  
 
    
Por tal motivo Juan Carlos Maestro, experto en la materia, habla de "felicacia" que es la fusión entre felicidad y eficacia. No olvidemos que la felicidad lleva a la motivación y esta a una mayor productividad y, por tanto, existe una relación directa entre ambos conceptos. Por el contrario, y parafraseando las enseñanzas del Maestro Joda, la infelicidad lleva a la desmotivación (o viceversa), lo que lleva al absentismo físico o mental, lo cual desemboca en el "lado oscuro" del trabajo.

    Pues bien, traslademos esta cuestión al ámbito público y retomemos la pregunta que hago en el título de esta entrada. Considerando que los empleados públicos trabajamos para los ciudadanos, que lo hacemos en las Administraciones y, precisamente por eso, están tradicionalmente mal vistos ciertos beneficios sociales de los que, por contra, disponen las empresas para mejorar la motivación de sus empleados, y teniendo presente que cualquier gasto en materia de personal debe ser aplicado con mucho cuidado al tratarse de dinero público, ¿es posible lograr la felicidad en el trabajo de los servidores públicos? o dicho en otras palabras, ¿se puede pedir que nos motiven convenientemente y nos hagan sentir de verdad parte de nuestras organizaciones?

    Quizás la pregunta tenga algo de trampa porque doy por hecho con los antecedentes mencionados que hacer felices a los trabajadores públicos cuesta dinero. Es cierto que poner en marcha cualquier política de personal tiene un coste y que no estamos para tirar cohetes. También es cierto que todo lo que sea motivar, incentivar, crear cultura administrativa "no se lleva" y nuestros gestores públicos no se han preocupado por fomentarlo porque, en parte, no da, no tiene reflejo directo en los ciudadanos (craso error).
   Hace falta contar con buenos políticos, directivos públicos y mejores políticas de personal, que no es poco, pero no es menos cierto que con imaginación, innovando y sabiendo lo que realmente nos hace felices en el puesto de trabajo se pueden lograr impresionantes resultados con poca inversión. Recordemos que el salario no es el único incentivo, que existen otros muchos potenciadores de la felicidad y la motivación (el denominado salario emocional) que pueden ayudar, y mucho, en ese cometido.

    En fin, no debemos confundir la seriedad de nuestro trabajo al servicio del interés general, bajo unas premisas y reglas legales bien definidas que se centran en la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, con el hecho de que la eficacia y eficiencia en el logro de resultados que el ordenamiento nos exige se consigue aplicando exactamente las mismas reglas técnicas y psicológicas que funcionan en el entorno privado, pues en todo caso, independientemente del trabajo que desarrollemos somos personas y nos guiamos por los mismos impulsos y necesidades.

   Que tengamos unos fines tan "elevados" no impide que, como personas, queramos sentirnos felices en nuestros trabajos para dar lo mejor de nosotros mismos, que nos motiven y nos ayuden a sentirnos parte esencial de nuestras organizaciones; que se cree, en suma, el necesario clima laboral para conseguir el fin esencial y finalístico de nuestras Administraciones, que no es otro que al bienestar de los ciudadanos. Y al fin y al cabo, nosotros también somos ciudadanos...

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