viernes, 23 de junio de 2017

Anulada la "licencia única" para la unidad de mercado

   En una reciente Sentencia el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional los artículos 19 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Dichos artículos establecían la extensión a todo el territorio nacional de los efectos de la licencia o autorización de actividad que obtuviera una empresa en cualquier parte de España (noticia en Expansión aquí - noticia en El Español aquí).

    La Generalidad de Cataluña presentó el recurso ante el TC y ahora este declara por unanimidad que no pueden darse tales tipos de autorizaciones porque "prescinden del requisito previo de equivalencia de las normativas aplicables en las distintas comunidades autónomas para la producción o comercialización del mismo bien o servicio, privando, de esta forma, de eficacia a la normativa aprobada en los territorios de destino basándose en sus propias competencias".

   
El objeto de la norma era lograr mejorar la competitividad y productividad de nuestras empresas eliminando trabas burocráticas; una lacra, ciertamente, tal y como está configurado nuestro modelo autonómico de competencias.
   
    Considero ese objetivo imprescindible para mantener nuestro tejido económico a la altura de los desafíos de la globalización y la feroz competencia, así como para favorecer esl establecimiento de empresas extranjeras en España, que creen empleo y riqueza. Pero por contra, el legislador se ha topado con un modelo de Estado que tal y como están las cosas no permite tales innovaciones, al menos no de la forma en que se planteó. La idea es buena e incluso imprescindible, pero no en la forma en que se ha hecho.

    Por contra, el TC, consciente de la idea y la necesidad que subyace en los artículos que anula, propone un medio más adecuado para solventar la situación, a través de los títulos competenciales que le otorga al legislador la propia Carta Magna. En tal sentido se indica que se podría regular la licencia única una vez que "el Estado apruebe estándares mínimos comunes a través de los títulos competenciales horizontales que le proporcionan los artículo 149.1 y 13 de la Constitución".

   Esa debería ser, quizás, la solución al desmán de las aproximadamente 17 legislaciones con que nos podemos encontrar para poner en marcha y sacar adelante proyectos empresariales. Lamentablemente, los reinos de taifas en que se ha convertido España y la actual situación política no permitirán llegar a acuerdos fáciles o simplemente a acuerdos, con lo que la esperada mejora de la competitividad y la limitación de la burocracia, al menos en este ámbito, seguirá siendo una utopía difícil de hacer realidad.

miércoles, 21 de junio de 2017

La adaptabilidad de la Administración depende de la de sus empleados

    Se viene hablando desde hace décadas de los problemas que arrastra la Administración Pública para seguir los pasos de la sociedad, para ser más proactiva que reactiva y, en definitiva, para adaptarse a las necesidades de los ciudadanos a la velocidad que exige nuestro mundo. Esta dificultad suele ser un límite casi infranqueable, un muro que cuesta mucho derribar para conseguir una Administración a la altura de aquellas necesidades y que podamos considerarla realmente situada en el siglo XXI.

   
   Realmente se ha avanzado mucho en ese camino pero aún queda mucho por hacer. Hablamos de la flexibilidad o capacidad de adaptación que deben tener nuestras Administraciones Públicas para hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo, aplicando la tecnología, los últimos avances en gestión de personas, de procesos, etc. pero aún no se presta la necesaria atención a un elemento que quizás defina el núcleo del verdadero problema de aquellas para estas a la altura de las circunstancias: las personas.

En efecto, hemos indicado en otras entradas de este blog que las personas que forman parte de las Administraciones Públicas, desde los propios empleados hasta los gestores y cargos públicos, son los verdaderos artífices de cuanto la Administración española es. Sin el capital humano, su talento, iniciativa y ganas de hacer poco se puede hacer. Desde este punto de vista queda claro que la adaptabilidad de la Administración depende de la capacidad de adaptación de las personas, en una relación directamente proporcional que supone que aquella debe invertir en ese talento, en sus "recursos humanos", a la vez que los cargos y gestores públicos  deben  ser capaces de adaptarse a los cambios, de conocer lo que los ciudadanos demandan, y estar dispuestos a modificar los modos de actuación de unas organizaciones públicas en muchas ocasiones anquilosadas en procesos anticuados y con grandes reticencias a modificar esos modos de actuación.

    Ha de contarse más con los empleados y explotar al máximo sus capacidades, y no solo dejar que cumplan las estrictas funciones y tareas de sus puestos. Ha de fomentarse la iniciativa, la innovación y las propuestas de mejora, pues son ellos quienes mejor conocen las necesidades de los ciudadanos. Este es el gran problema de la Administración, que como organismo no sabe adaptarse porque no es capaz de contar con sus piezas más valiosas, su personal, y no sabe escuchar a sus "clientes".

    Quizás en la base de este problema se encuentre la idea arraigada en los responsables públicos de que la Administración no es una empresa en el sentido de que no tiene el peligro de desaparecer, que no tiene una competencia que le haga sombra y que la ponga en peligro; se tiene la idea preconcebida de que la Administración siempre va a estar ahí a pesar de sus problemas para ofrecer servicios. En parte es cierto pero este es un error de concepto, las Administraciones públicas tienen como cometido resolver los problemas de los ciudadanos de forma eficaz, eficiente, a la vez que deben crear entornos de convivencia adecuados. Al mismo tiempo se encuentran bajo la lupa de la crítica de la sociedad.

   Precisamente esta sería una buena forma de presionar más a los responsables públicos para que traten de mejorar la actuación administrativa, para que se adapte mejor y más rápidamente a los cambios, que se fomenten más los listados o "rankings" de mejores y peores Administraciones, que se promuevan más los premios a la innovación y adaptación de estas. En definitiva, que se puntúe a los gestores públicos y sus organizaciones por cómo lo están haciendo y cómo se adaptan a los cambios.
Esto quizás tendría un mayor efecto en la Administración local por ser la más cercana al ciudadano y poder modificar el entorno en el que vive, por ser la que mejor puede adecuar y dar respuesta a las demandas de servicios públicos más directamente utilizables por aquel (limpieza viaria, zonas verdes, oferta cultural y de ocio...). Pero no cabe duda de que, con las debidas adaptaciones, es extrapolable al resto de Administraciones, pues todas ellas, de una u otra forma, ofrecen servicios necesarios y debe saber adaptarse a las necesidades de la sociedad. 

  Finalmente, no olvidemos que esa flexibilidad lleva indudablemente al ahorro de costes, a que las Administraciones sean más eficientes, ahorren molestias a los ciudadanos y presten mejores servicios, con lo que tanto la obligada adaptabilidad administrativa como el incuestionable escrutinio público de su actuación son predicables de todas ellas.