viernes, 14 de julio de 2017

¿Es mejor disparar o dejarse matar? El dilema de la policía

  Con este mismo título el diario El Mundo publica un reportaje con entrevistas a distintos miembros de las Fuerzas de Seguridad, en el que se pone de manifiesto el gran dilema moral y legal al que se enfrentan a la hora de cumplir sus funciones cuando se enfrentan, en particular, a criminales armados (a los malos, en su argot). Recomiendo encarecidamente su lectura porque refleja las dificultades con las que deben lidiar día a día para mantener las calles limpias de delincuentes.

    El punto de partida del reportaje es el concepto de proporcionalidad en el uso de la fuerza, pues frente al arma de fuego de los agentes muchos delincuentes, que se saben todas las  argucias legales, utilizan cuchillos, machetes, palos, cristales, vehículos, etc. para atacarles. La cuestión que se plantea, por tanto, es definir claramente hasta qué punto pueden los Policías y Guardias Civiles utilizar sus armas de fuego cuando el criminal utiliza un arma no de fuego pero también potencialmente peligrosa. El criterio general que les enseñan en las Academias es no utilizar el arma por los problemas que les puede acarrear penal y administrativa, o incluso a efectos de ascensos. Pero al mismo tiempo, en una situación de amenaza, ellos mismos pueden resultar heridos, mutilados o  peor aún, muertos.

   
Ha de partirse del texto del artículo 20.4 del Código Penal, sobre la exención de responsabilidad penal en el uso de la fuerza: 

"El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes:
Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas.
Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.
Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor"

El apartado segundo constituye el núcleo de la cuestión al tratarse de un concepto jurídico indeterminado que ha requerido de interpretación doctrinal y jurisprudencial para entender el alcance de la proporcionalidad en el uso de un arma de fuego.
Lamentablemente, a mi parecer, y con un criterio que ha valorado más el garantismo del delincuente que la seguridad del ciudadano, se ha ido restringiendo el concepto hasta el punto de que los propios agentes reciben instrucciones desde su formación y por parte de sus superiores para que no saquen el arma casi en ninguna circunstancia. Esto nos lleva al grave problema de seguridad que estamos sufriendo, pues los criminales lo saben y han perdido el miedo a la policía, se les enfrentan, les amenazan impunemente, e incluso les atacan sin pudor.
La situación es muy grave, pues nuestra policía no puede defendernos, no tiene el amparo legal (entendido en términos amplios) para realizar su labor con seguridad. Quien debe protegernos no está protegido por la propia Justicia. No es de extrañar que los ciudadanos tengan la idea generalizada de que la Ley ampara a los delincuentes (y no me refiero solamente al hecho de que estos entren por una puerta y salgan por otra).
En una sociedad cada vez más violenta, donde las bandas y organizaciones criminales se han globalizado y son cada vez más peligrosas, el Estado de Derecho no puede permitirse el lujo de restringir hasta tal punto las "armas legales" con las que dota a sus Fuerzas de Seguridad que las ate de pies y manos para actuar contra los delincuentes, que no tienen límites para actuar.
El reportaje incide en esta idea al mencionar la "doble moral" de los malos, pues actúan al margen de la ley pero luego la explotan para salir impunes de sus actos, que pueden incluir dejar a un Policía minusválido o muerto.
A dónde vamos a llegar cuando he visto vídeos en Internet de un delincuente amenazando a la Guardia Civil y corriendo detrás de ellos. Sí, detrás. Repito que se ha perdido el respeto y la autoridad que debe emanar de quienes se juegan la vida por nosotros.
El legislador debería resolver estas cuestiones, que son, entre otras muchas, las que de verdad preocupan al ciudadano, estableciendo criterios y cambios legislativos en este sentido; armas legales -como digo- para defender a nuestros defensores. La Fiscalía se debería implicar también en aportar una mayor seguridad a las fuerzas de "seguridad" adecuando sus criterios antes los Tribunales.
Se puede aducir que el concepto de proporcionalidad que actualmente se maneja trata de evitar abusos en el uso de la fuerza. De acuerdo, los abusos se pueden dar y hay que evitarlos, pero caso a caso. Lo que no puede hacerse es querer evitarlos generalizando, bajando hasta tal punto el listón del uso de la fuerza que se desproteja a los Policías y Guardias Civiles de tal modo que el abuso (doblemente) se produce desde el lado del criminal y de manera impune.
Este problema se conoce desde hace mucho tiempo, pero como otros relativos a la seguridad ciudadana, los políticos parecen no darle la importancia que tiene. Por fin un reportaje aborda la cuestión. Esperemos que no quede en una mera noticia.

jueves, 6 de julio de 2017

Los Ayuntamientos como ETT's: una anomalía sin control

    El subtítulo de esta entrada bien podría ser "contratos por votos", pues a eso precisamente me quiero referir. No son pocos los Ayuntamientos que destinan grandes cantidades de recursos económicos -sobre todo a través de subvenciones de otras Administraciones- para crear bolsas de trabajo, planes de empleo o programas con denominaciones variopintas y con la supuesta intención de cubrir determinadas demandas o llevar a cabo ciertos proyectos, pero que en no pocas ocasiones suponen, por su configuración, aplicación, destinatarios o gestión, un mecanismo de algunos Alcaldes para lograr votos.
   
  Parece mentira que a estas alturas de la película, cuando parecían superados los tiempos del denominado caciquismo y de aquella vergonzosa compra de votos, cuando el ordenamiento trata de favorecer una Administración transparente, seria, eficaz y eficiente, y desde el ámbito profesional se está trabajando con ahínco en lograr su mejora (la denominada buena  Administración) todavía se den estas prácticas que utilizan el dinero y los recursos públicos para intereses totalmente ilegítimos y desviados de su función principal.

   Una cosa es que estas Administraciones lleven a cabo proyectos para conservar y mejorar el espacio público (zonas verdes, aceras, limpieza viaria...), para lo que se puede acudir a diversos mecanismos como los antes mencionados y entraría dentro de sus competencias, y otra bien distinta es subvertir su finalidad y utilizar esos mismos medios con una muy distinta, desviada de su objetivo legítimo.

   El problema es mucho más profundo que la mera creación de esas bolsas, planes y programas diversos. El problema es que no existe una verdadera intención de invertir el erario público en resultados palpables y que queden en beneficio de los ciudadanos sino que se malgasta. No hay una planificación seria en la visión y misión de esas Administraciones, no se aplica la eficacia y la eficiencia; no se busca captar el talento ni a los mejores, y no se gestionan bien esos programas. 
La raíz subyace en la inmensa brecha aún existente entre políticos y ciudadanos; aquellos no terminan de entender su función en el engranaje de la Administración, no captan el espíritu de la gestión pública y del servicio al ciudadano, sintiéndose libres, en ocasiones, para mirar más hacia la mera política que a la citada gestión de lo público.

  Bajo la excusa de "sacar del paro" a personas en riesgos diversos, más desfavorecidas, las Administraciones locales se están convirtiendo en ETT, en empresas de trabajo temporal, e incluso algunas de ellas hacen gala de ello. El espíritu y el texto del EBEP y del resto del ordenamiento quedan en agua de borrajas, sin hablar de los métodos de gestión de esas bolsas, en ocasiones saltándose los turnos en función de a quién le toca, etc. Descontrol en espíritu de estos mecanismos, descontrol en el gasto, descontrol en la eficacia. 

   ¿Debe la Administración contratar a los mejores, como exige el EBEP, o se puede exceptuar este requisito para ayudar a quienes menos oportunidades de encontrar trabajo tienen? No critico la buena fe que pueda subyacer en esas políticas de ayudar a los más desfavorecidos -cuando haya buena intención de por medio- aunque también es cierto que las Entidades Locales no están para esto, su misión no es contratar. Sí podría serlo mediar entre empresas y trabajadores para que encuentren un trabajo, o crear y coordinar programas de formación para el empleo. Lo que indudablemente se encuentra fuera de toda ética y del ordenamiento es crear estas ETT´s con dinero público con el fin de captar votos.

   El problema último, que aqueja a nuestras Administraciones en esta y otras áreas, es la falta de controles por parte de las Comunidades autónomas y el Estado sobre el funcionamiento de las Entidades Locales, que campan a sus anchas. Esta es la asignatura pendiente, controlar, verificar, evaluar el funcionamiento de la Administración en su conjunto, de todas ellas, pues seguimos creando normas que no se cumplen, y así nos va.